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El gobierno se vuelve a burlar …de las personas afectadas por las hipotecas y modifica la ley de enjuiciamiento civil de tapadillo, beneficiando de nuevo a las entidades bancarias.
En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa sobre ejecuciones hipotecarias del estado español, confirmando la ilegalidad del procedimiento.
A pesar de la enorme presión ciudadana, con diferentes campañas, el PP promulgó en solitario la Ley 1/2013, que ha resultado otro parche en la ley hipotecaria. El pasado julio el Tribunal de Justicia de la UE volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco, dado que cuando el juzgado desestimaba la oposición por cláusulas Abusivas, no había posibilidad de recurrir en 2º instancia por parte del hipotecado, mientras que las entidades financieras si tenían posibilidad de acudir a una 2º instancia.
Por lo que el TJUE obliga a España a que cambie la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Frente a este nuevo varapalo, la respuesta del gobierno ha sido poner un plazo de 30 dias, iniciado desde el 7 de septiembre, para recurrir en apelación aquellos casos que nose hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios.
Esto lo ha realizado de tapadillo, mediante una nota publicada en el BOE el sábado 6 de septiembre de 2014, es decir, a hurtadillas, y otorgando tan solo un mes para que estos afectados puedan recurrir sus autos.
Sorprende que la modificación se contenga en una norma relativa a la legislación concursal en sus disposiciones finales, pues los ejecutados deberán darse por notificados desde la publicación en el BOE (domingo 07 de septiembre) sin que medie notificación procesal alguna.
Debemos recordar que el establecimiento de plazos preclusivos en el ejercicio de derechos de los consumidores es contrario a la doctrina del TJUE.
No podemos olvidar que la sentencia era demoledora al respecto, dado que recogía la violación de derechos fundamentales.
De acuerdo con la normativa española la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y la defensa, deviene en la nulidad radical de la resolución que debe ser comtemplada de oficio por el juzgador como garante del proceso.
De la norma mencionada están excluidas las personas que han perdido su vivienda y que ya han sido desahuciadas, algo absolutamente inconcebible. La exclusión de las personas que han sufrido de forma más dura la protección de la norma ante la aplicación de una ley ilegal, que viola derechos fundamentales es incomprensible desde cualquier punto de vista, inaceptable e inaplicable.
Esto es una burla más del gobierno, hacia las miles de personas que tienen problemas con la hipoteca y se enfrentan judicialmente a las entidades bancarias, por los abusos cometidos.
Debemos preguntarnos ¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE? Con sus actos, el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores ni por el derecho a una vivienda que consta en nuestra Constitución. Con sus actos, el gobierno demuestra que, a la hora de legislar, se pone de parte de los bancos, culpables como sabemos de la estafa hipotecaria y del crecimiento de la deuda pública por su rescate.
El grupo de desahucios del 15.M de Valladolid exige que se hagan las modificaciones legales necesarias para que los hipotecados estafados se vean protegidos y para que la población entera pueda ver cumplido su derecho a la vivienda. De forma inmediata, que se elimine el plazo de apelación a los afectados por las cláusulas abusivas y se declaren nulas las resoluciones que negaron el derecho a recurrir.
Igualmente exigimos que se haga efectivo el derecho a la vivienda y que se deje de violar sistemática los DDHH, por no cumplir con la legalidad y por velar por los intereses de la banca en vez de la ciudadanía.
No vamos a permitir que se rían más de nosotr@s
Sí Se Puede!

MODIFICACIÓN

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9133

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El  apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de  Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:

Fuera  de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere  este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se  circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se  dicten.»

 Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.

1.  La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento  Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real  decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución  iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en  posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el  artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.  En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada  en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto  desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del  artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por  este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo  preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la  existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del  artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de  Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a  la entrada en vigor de este real decreto-ley.

3.  La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de  comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de  los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo  necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

¡POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA!