Archivo de la categoría: Documentos Desahucios

Documentos Clausulas Abusivas

Desde 2013, 8 han sido las sentencias condenatorias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el gobierno español por la ilegalidad y desprotección de lxs consumidores por la ley hipotecaria. Con todas las tragedias que esta ha reportado.

Todavía estamos a la espera de la más importante: la nulidad del vencimiento anticipado. Esto puede suponer que todos los lanzamientos (desahucios) que se han producido sean ilegales y las familias puedan volver a sus casas.

Todo esto se ha conseguido por la lucha CANSINA y constante de las Plataformas de Afectadxs por la Hipoteca (PAH) y grupos Stop Desahucios de todos y cada uno de sus nodos (+ 230) desde hace más de ocho años.

Y seguiremos haasta conseguir el Derecho efectivo a la Vivienda y este será efectivo  cuando las #5delaPAH, ahora la #Leydelas5 , se legislen y así acabar con la mafia banquera-financiera-gubernamental-notarial-constructoras-inmobiliarias-tasadora.

En en enlace de más abajo puedes descargarte los documentos para reclamar la calusula suelo y los gastos de formalización hipotecaria (notario,…) y si quieres más info http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/

Por otra parte, realizamos charlas informativas sobre este tema. Si tu asociación, colectivo,…. está interesado podéis poneros en contacto con nosotrxs en el teléfono 654869377 o en el correo desahucios@15mvalladolid.com

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Intervención de Stop Desahucios en el Pleno Municipal 29_07_15

Hoy, Stop Desahucios-15M Valladolid, hemos intervenido en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid dentro de la moción que presentaba el grupo municipal Sí se puede Valladolid, dentro de la misma se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales (PSOE, Valladolid toma la Palabra, Sí se puede Valladolid, Ciudadanos y PP) una propuesta de moción transaccional, donde se recoge nuestra propuesta de la creación de una mesa para el abordaje integral de la problemática habitacional. Estamos contentas y seguiremos vigilantes. Los Derechos Humanos no se ningunean.

Queremos dar las gracias a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores “Antonio Machado” de Valladolid el habernos facilitado nuestra intervención.

En el siguiente enlace tenéis la intervención, se ha suprimido aquello que no se leyó, aunque sí se sentregó a los grupos municipales sin este sombreado. La razón es que nos excedíamos, casi el doble, en el tiempo que nos otorgaron: 3 minutos.

Intervención_Pleno_Ayuntamiento_29_07_15

pleno

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Mesa Redonda: No a Ley Mordaza

El jueves, 22 de enero, hemos participado en la Mesa redonda organizada por la Asociación de Vecinos La Calle de Laguna de Duero, en donde hemos expuesto el trabajo que realizamos y las consecuencias de la nueva ley.
Nuestro agradecimiento a la Asociación por darnos la oportunidad de hacer visible nuestro trabajo y para decir que seguiremos luchando.
La mesa estuvo formada por el juez Israel Sánchez Verona, por el abogado Pablo Gerbolés, el representante de la Plataforma 22M de Valladolid y el activista del grupo. Moderó la mesa Luis Miguel de la Asociación.

Como colofón a nuestra intervención animamos a toda la ciudadanía para que se manifieste el próximo domingo día 25 de enero, dentro de la convocatoria de las Marchas de la Dignidad 22M de ValladolidIMG-20150122-WA0005 10888383_746327625458243_7569982098028956194_n

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MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 11H30, REITERAMOS EL DOCUMENTO DE MÍNIMOS PRESENTADO EL 28/5/2014 ANTE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

Mañana miércoles 5 de Noviembre a las 11:30h de la mañana, Stop Desahucios 15M Valladolid hará entrega en la delegación territorial de la Junta sita en calle Duque de la Victoria 8, del documento de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda en Castilla y León, como se viene haciendo en el resto de provincias en sus respectivas delegaciones territoriales de la Junta.

En fecha de 28 de Mayo de 2014 las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios de Castilla y León presentaron, de forma conjunta, ante las Cortes de Castilla y León en Valladolid,  el documento de exigencias mínimas en materia de vivienda, y posteriormente se hizo entrega de dicho documento en la delegación territorial de cada localidad.

A fecha de hoy, no habiendo obtenido ningún tipo de respuesta, exigimos de la Junta de Castilla y León, una contestación inmediata, ante la situación creciente de desahucios y el desamparo en materia de vivienda que sufren l@s ciudadan@s.

Adjuntamos de nuevo el documento de exigencias mínimas ya presentado.

DocMínimosCyL

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ESTA SUBASTA SE TIENE QUE PARAR, ROSA SE QUEDA

El lunes día 29 de septiembre de 2014, a las 12.30 horas en los Juzgados de la calle Nicolás Salmerón, no vamos a consentir esta injusticia.
ROSA avaló con su vivienda a su hermano, para sacar a delante su negocio, por lo que suscribieron un contrato hipotecario en el 2005 por la cantidad de 230.000 euros que fue ampliado en 2009 por la cantidad de 36.000 euros.
Los bienes hipotecados son la vivienda de Rosa, tasada en 185.148 euros, y una finca rustica, donde se desempeñaba el negocio.
Actualmente su hermano, no puede hacer frente al pago de la cuota hipotecaria debido a que su negocio no tiene ingresos, y se ha estado haciendo cargo de la cuota Rosa, que es pensionista y ya no pudo seguir haciendo frente a la cuota.
Hoy subastan la casa de Rosa, en el juzgado nº6, no hay que olvidar que se ha interpuesto una oposición por cláusulas abusivas existentes en la hipoteca, aun así continúan con la subasta, violando el derecho a la defensa e incumpliendo todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la U. Europea.
Solicitamos que no le quiten la casa a Rosa, dado que es la casa de toda su vida y que ya la había pagado, que se queden con la finca rustica que está tasada en 470.436 euros y se dé por saldada la deuda.
Llevamos más de 1 año, negociando con Bankia este caso, sin que hayan encontrado una solución que no sea quitarle la casa a rosa.
Sin olvidar que mientras esto sucede, Bankia es el Banco al que más dinero público se ha inyectado con 22.424 millones de euros, de los cuales 17.959 millones de euros proceden del rescate europeo. Dinero del que respondemos tod@s los ciudadan@s y cuyos intereses tenemos que pagar.
¡¡¡SÍ SE PUEDE, ROSA SE QUEDA!!!
NI UN DESAHUCIO MÁS
¡¡¡POR EL DERECHO REAL A LA VIVIENDA!!!

 

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El gobierno se vuelve a burlar….

El gobierno se vuelve a burlar …de las personas afectadas por las hipotecas y modifica la ley de enjuiciamiento civil de tapadillo, beneficiando de nuevo a las entidades bancarias.
En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa sobre ejecuciones hipotecarias del estado español, confirmando la ilegalidad del procedimiento.
A pesar de la enorme presión ciudadana, con diferentes campañas, el PP promulgó en solitario la Ley 1/2013, que ha resultado otro parche en la ley hipotecaria. El pasado julio el Tribunal de Justicia de la UE volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco, dado que cuando el juzgado desestimaba la oposición por cláusulas Abusivas, no había posibilidad de recurrir en 2º instancia por parte del hipotecado, mientras que las entidades financieras si tenían posibilidad de acudir a una 2º instancia.
Por lo que el TJUE obliga a España a que cambie la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Frente a este nuevo varapalo, la respuesta del gobierno ha sido poner un plazo de 30 dias, iniciado desde el 7 de septiembre, para recurrir en apelación aquellos casos que nose hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios.
Esto lo ha realizado de tapadillo, mediante una nota publicada en el BOE el sábado 6 de septiembre de 2014, es decir, a hurtadillas, y otorgando tan solo un mes para que estos afectados puedan recurrir sus autos.
Sorprende que la modificación se contenga en una norma relativa a la legislación concursal en sus disposiciones finales, pues los ejecutados deberán darse por notificados desde la publicación en el BOE (domingo 07 de septiembre) sin que medie notificación procesal alguna.
Debemos recordar que el establecimiento de plazos preclusivos en el ejercicio de derechos de los consumidores es contrario a la doctrina del TJUE.
No podemos olvidar que la sentencia era demoledora al respecto, dado que recogía la violación de derechos fundamentales.
De acuerdo con la normativa española la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y la defensa, deviene en la nulidad radical de la resolución que debe ser comtemplada de oficio por el juzgador como garante del proceso.
De la norma mencionada están excluidas las personas que han perdido su vivienda y que ya han sido desahuciadas, algo absolutamente inconcebible. La exclusión de las personas que han sufrido de forma más dura la protección de la norma ante la aplicación de una ley ilegal, que viola derechos fundamentales es incomprensible desde cualquier punto de vista, inaceptable e inaplicable.
Esto es una burla más del gobierno, hacia las miles de personas que tienen problemas con la hipoteca y se enfrentan judicialmente a las entidades bancarias, por los abusos cometidos.
Debemos preguntarnos ¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE? Con sus actos, el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores ni por el derecho a una vivienda que consta en nuestra Constitución. Con sus actos, el gobierno demuestra que, a la hora de legislar, se pone de parte de los bancos, culpables como sabemos de la estafa hipotecaria y del crecimiento de la deuda pública por su rescate.
El grupo de desahucios del 15.M de Valladolid exige que se hagan las modificaciones legales necesarias para que los hipotecados estafados se vean protegidos y para que la población entera pueda ver cumplido su derecho a la vivienda. De forma inmediata, que se elimine el plazo de apelación a los afectados por las cláusulas abusivas y se declaren nulas las resoluciones que negaron el derecho a recurrir.
Igualmente exigimos que se haga efectivo el derecho a la vivienda y que se deje de violar sistemática los DDHH, por no cumplir con la legalidad y por velar por los intereses de la banca en vez de la ciudadanía.
No vamos a permitir que se rían más de nosotr@s
Sí Se Puede!

MODIFICACIÓN

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9133

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El  apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de  Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:

Fuera  de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere  este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se  circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se  dicten.»

 Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.

1.  La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento  Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real  decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución  iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en  posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el  artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.  En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada  en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto  desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del  artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por  este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo  preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la  existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del  artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de  Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a  la entrada en vigor de este real decreto-ley.

3.  La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de  comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de  los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo  necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

¡POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA!

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CONSECUENCIAS INJUSTAS DE LA DACION EN PAGO. EL FISCO SE BENEFICIA CON IMPUESTOS A CARGO DE QUIENES PIERDEN LA VIVIENDA

La Dación en pago o entrega de la propiedad de la vivienda hipotecada al Banco, cancela la deuda hipotecaria, pero genera en muchos casos nuevos impuestos para quienes pierden la vivienda: 1º.- Como Ganancia Patrimonial en el IRPF (a favor de hacienda) y 2º.- Como Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (a favor de los Ayuntamientos).

 

  1. Como ganancia patrimonial tributa en el IRPF.

 

Parece una ironía o una burla el haber pagado durante años una cuota hipotecaria (principal e intereses), perder la vivienda y que todo ello se pueda considerar una “ganancia patrimonial”, según las normas fiscales.

 

Se considera que hay ganancia patrimonial si el precio de compra (incluidos los gastos de registro, notario, etc…) es inferior al valor de transmisión, en el momento de la dación en pago.

 

Se considera valor de transmisión el valor total de la deuda pendiente ante el banco (esta deuda no sólo incluye el capital pendiente de pago, sino los intereses ordinarios y de demora que se deban en el momento de la dación en pago).

 

Así por ejemplo:

 

          Valor de la deuda pendiente: 100.000 €, (80.000 € de principal más 20.000 € de intereses ordinarios y de demora.

 

          Valor de adquisición: 86.000 €, (80.000 € de precio de compra más 6.000 € de gastos de notario, registro, etc…)

 

La base imponible sobre la que se tributa como ganancia patrimonial son 14.000 € (100.000 € – 86.000 €) y ello porque se considera que el valor de transmisión es superior al valor de compra. Si fuera a la inversa, no tributaría.

 

Es evidente que no hay ninguna ganancia real para el contribuyente y la única ganancia es para Hacienda que además en su momento ya percibió a cargo del comprador de la vivienda el 7% del precio de compra en concepto de Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al constituir la Hipoteca.

 

Hay unas únicas excepciones a este impuesto en concepto de “ganancia patrimonial” que son las que estableció el Real Decreto 6/2012 de 9 de marzo sobre Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos,  con respecto a aquellas familias que se consideran en riesgo de exclusión social pero que son aplicables en muy pocos casos.

 

Para ello el Real Decreto exige unos límites en el precio de adquisición de la vivienda, variables en función del número de habitantes del municipio donde se halla la vivienda que se compra. El cumplimiento de ese límite sólo se dará en muy escasos supuestos, basta recordar, por ejemplo, que el precio de vivienda en los municipios entre 100.000 y 500.000 mil habitantes, como puede ser Valladolid, no podrá superar 150.000 €.

Además de ello  para que el deudor se encuentre en el umbral de exclusión es necesario que:

 

§  Todos lo miembros de la unidad familiar, y los posibles avalistas en su caso, carezcan de rentas del trabajo o de actividades económicas

 

§  La cuota hipotecaria supere el 60% de los ingresos netos de la unidad familiar, y de los posibles avalistas en su caso

 

§  La unidad familiar carezca de otros bienes y derechos suficientes para hacer frente a la deuda

 

§  La vivienda sea la única del deudor y el préstamo fuese concedido para su adquisición.

 

 

  1. Como Plusvalía o Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

 

Se considera la dación en pago una transmisión patrimonial onerosa y el que debe pagar el impuesto es el que transmite el inmueble, en este caso el deudor hipotecario que entrega su vivienda para saldar la deuda con el banco.

 

La base del impuesto en este caso va a depender del valor catastral del suelo (que figura en los recibos del IBI), en el momento de realizarse la dación en pago y de los años que hayan transcurrido desde que el inmueble fue adquirido hasta el momento en que se realiza la dación en pago. Es un valor objetivo, para cuya determinación no se va a tener en cuenta lo que realmente vale la vivienda, ni si su valor de mercado ha aumentado o disminuido. La cuantía del impuesto varía según las normas aprobadas por cada municipio.

 

La Plusvalía deberá pagarla el Banco que recibe la vivienda si el deudor hipotecario reúne los requisitos del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo para considerarle en estado de exclusión social. Es decir, será también sumamente difícil que las familias se libren de este impuesto.

 

 

En conclusión, las familias pierden las viviendas porque no pueden devolver el préstamo  y por esta razón deben de pagar impuestos. Del boom inmobiliario se han beneficiado y se siguen beneficiando todos, banqueros, notarios, registradores de la propiedad, el fisco, …, menos los pobres ciudadanos y ciudadanas que pierden sus viviendas y además deben de pagar impuestos..

 

Debemos exigir que cualquier persona que por no poder pagar la hipoteca pierda su primera vivienda quede totalmente exento del pago de estos impuestos. ES DE JUSTICIA. 

NO AL PAGO DE IMPUESTOS POR LA DACION EN PAGO

descarga el texto en pdf: ARTICULO IMPUESTOS

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proposición no de ley presentada por el PSOE regional

Proposición no de ley presentada por el PSOE regional, a partir del documento de exigencias a la Junta de las PAHs y Stop Desahucios de la comunnidad:

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DOCUMENTO DE MÍNIMOS. GARANTIA REAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA.

Los poderes económicos, especialmente los financieros, vinieron configurando el acceso a la vivienda de los y las ciudadanas, reconocido como derecho en el artículo 47 de la Constitución, como un elemento de enriquecimiento insaciable que tranquilamente podemos llamar usura o estafa y que ha sido uno de los elementos determinantes de la grave crisis económica que el pueblo trabajador viene sufriendo en los últimos años.

 

De una necesidad tan vital y elemental como es el derecho a la vivienda, hicieron un elemento de enriquecimiento millonario a través del crédito hipotecario. Todo ello se hizo en consonancia con las políticas de vivienda y urbanismo desarrolladas por las diferentes Administraciones Públicas y con la complicidad de un sector muy amplio de profesionales y de cargos públicos implicados en este grandioso negocio.

 

En detrimento de la promoción pública de viviendas sociales, se promocionó la compra de vivienda privada cuyos precios tuvieron un crecimiento descontrolado en los últimos años anteriores a la crisis, alcanzando niveles de locura que los propios bancos, a través de sus tasadoras, contribuyeron a incrementar.

 

Como consecuencia de todo ello y de la legislación hipotecaria que lo facilitaba, miles de familias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León han perdido su vivienda y se han visto abocadas a situaciones de verdadera precariedad habitacional.

 

Todo ello a la vez que existe un exiguo parque de vivienda social y una extremada desatención a otras fórmulas habitacionales como el alquiler social, la propiedad cooperativa, la cesión de uso o el derecho de superficie.

 

A la dificultad de garantizar una vivienda digna, sobrevienen otras necesidades básicas, tales como una alimentación de calidad, una buena salud e ingresos suficientes para poder hacer frente a los gastos cotidianos, que con la crisis, han debilitado la economía familiar. Muchas familias en situación de emergencia habitacional tienen dificultades para pagar la luz, la calefacción y el resto de suministros.

 

Es preciso resaltar que un desalojo, ya sea por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, no afecta únicamente a un individuo sino que impacta en toda la unidad familiar. Esto incluye a menores de edad y a personas mayores en situación de dependencia. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, además, la pérdida de la vivienda no supone necesariamente la desaparición de la deuda. Muy por el contrario, la legislación Española hace posible que ésta pueda persistir de por vida.

 

Junto a estos datos, nos encontramos con el escándalo de miles de viviendas vacías. Buena parte de las mismas, que podrían destinarse al alquiler social, son propiedad de entidades financieras, de inmobiliarias o de la SAREB (que en el momento actual las está sacando al mercado a bajos precios facilitando nuevas operaciones especulativas). Algunas de estas entidades financieras, como Bankia, han sido rescatadas con fondos públicos, otras, como BBVA, Caixa Bank y Santander, se presentan como ejemplos de buena gestión financiera y, sin embargo, son las que más desahucios han practicado hasta el momento.

 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, en términos globales, puede afirmarse que las políticas de vivienda no han desarrollado un marco normativo garantice una vivienda digna. La principal consecuencia de esta debilidad es que, de manera dominante, ha sido el principio de mercado y la búsqueda de beneficios elevados a corto plazo el que ha regulado y asignado los recursos habitacionales y urbanísticos. En consecuencia:

 

1. No se dispone de un parque de viviendas públicas de alquiler suficiente que permita alojar a los colectivos de menores ingresos (el porcentaje de viviendas de alquiler social no alcanza al 2% del total, cuando la media de la UE-15 está entre el 20% y el 30%). Las ayudas al pago del alquiler de la Junta son escasas y están vinculadas a la disponibilidad presupuestaria.

 

2. Que el mercado privado de alquiler también es insuficiente (un 15% del total) y altamente especulativo. No existen límites a los aumentos indiscriminados de la renta por alquiler.

 

3. Se ha renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles. Esta desatención contrasta con la tendencia en otros países del entorno a considerar la desocupación como un fenómeno patológico ante el que han de tomarse medidas para su erradicación.

 

4. Este panorama se completa con una legislación que facilita los desalojos, sin tener en cuenta la situación económica o familiar de las personas afectadas y sin que existan medidas efectivas orientadas a promover un realojo adecuado.

 

La reversión de este panorama exige, ante todo, reformas estructurales –financieras, fiscales y económicas- no solo en el ámbito de la vivienda, sino también en otros ámbitos como el laboral o el de la seguridad social. El control público y social de la banca, una fiscalidad anti-especulativa, social y ambientalmente justa y que redistribuya la riqueza, son piezas fundamentales de este cambio, así como la reversión de las privatizaciones de los servicios públicos y la anulación de los recortes practicados hasta ahora en esos servicios públicos.

 

Es urgente atender las demandas de los colectivos, como la PAH o STOP DESAHUCIOS, que defendemos el derecho a la vivienda y las recomendaciones sobre la materia realizadas por diferentes organismos e instancias internacionales y locales, entre ellas Naciones Unidas y algunas defensorías del pueblo. Según datos del Consejo General del Poder Judicial los desahucios realizados en 2013 ascienden a 67189.

 

Queremos destacar que a pesar de las amplias movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas a día de hoy continúan siendo miles las familias amenazadas con ser desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar a los Bancos y Entidades Financieras unos créditos hipotecarios abusivos y que igualmente sigue pendiente una auténtica reforma legislativa que permita la dación en pago y garantice los derechos de defensa de las personas afectadas por los procedimientos de ejecución hipotecaria.

 

No podemos por menos que denunciar el incumplimiento de la Junta de Castilla y León del derecho a una vivienda digna de manera efectiva.


Por todo lo expuesto las PAHs y Stop Desahucios de Castilla y León exigimos que la Junta de Castilla y León promueva las siguientes actuaciones:

 

          Un informe detallado de las viviendas en propiedad de la Banca Intervenida (Bankia, Unicaja) obtenidas en procedimientos hipotecarios o mediante dación en pago, indicando cuántas y cuáles han sido transferidas a la SAREB, así como el valor por el que han sido transferidas a SAREB.

 

          Un informe detallado sobre el precio al que están siendo vendidos los inmuebles adquiridos por la Banca por impago de Créditos Hipotecarios, precio que en su día pagaron los particulares al adquirirlas, así como el valor por el que las entidades bancarias las adquirieron en subasta o dación en pago.

 

          Un informe pormenorizado sobre las Ayudas Sociales que durante los años 2012 y 2013 se han destinado a las familias afectadas por las hipotecas. Cantidad presupuestada y a qué se ha destinado realmente.

 

          Que se informe pública y eficazmente de los planes actuales sobre ayudas para alquileres sociales, pago de hipotecas y prestaciones sociales destinadas a familias con escasos recursos y en riesgo de marginación y exclusión social.

 

          Que la Junta de Castilla y León, y sus diversos órganos de gobierno, exima a las familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión social el pago de los recibos de luz, agua y gas. La Junta de CyL mediará con las empresas de suministros energéticos para que dejen exentos del pago a estas familias, ya que existe una emergencia habitacional y muchos ciudadanos desatienden sus comidas o medicaciones para hacer frente a los gastos básicos de la vivienda.

 

          Que la Junta de Castilla y León elabore un informe sobre viviendas deshabitadas en Castilla y León y tiempo que llevan deshabitadas, indicando cuáles pertenecen a las entidades Bancarias o sus inmobiliarias. Se obligará a ponerlas en uso mediante sanciones o expropiaciones.

 

          Que la Junta constituya, a partir de las viviendas ya existentes, un parque público de viviendas dignas y de calidad para alquileres sociales y venta. Las rentas se establecerán en base a una escala en función de los ingresos.

 

          Que la Junta exija a las entidades bancarias con las que mantiene operaciones financieras la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en la Autonomía. Asimismo exigimos la retirada de fondos y el cese de operaciones con las entidades que no cumplan lo anterior.

 

          Que la Junta de Castilla y León realice una política a favor de una quita o reducción de la deuda hipotecaria de los particulares que, habiendo o no perdido su primera y única vivienda, se sobre endeudaron para la compra de la misma, como consecuencia del alza artificial de los precios inmobiliarios.

 

          Que desarrolle todo tipo de iniciativas para lograr una moratoria de hasta cinco años sin intereses para los deudores hipotecarios por compra de vivienda que lo deseen.

 

          Que adopte medidas urgentes para que no se incremente el precio de los alquileres ni se especule con la vivienda, pues asistimos a incrementos de alquileres y nuevos negocios con los inmuebles adquiridos por los bancos en subastas. Por el control público y eficaz de los precios de los alquileres.

 

          Que la Junta ponga en marcha todo tipo de iniciativas para lograr definitivamente la regulación legal de la dación en pago a petición del deudor con efectos retroactivos, así como la condonación del remanente de la deuda para las viviendas ya subastadas y adjudicadas a las entidades bancarias.

 

          Que la Junta de Castilla y León incluya en la legislación o inste a la Administración competente para que se deje de considerar la dación en pago anterior al proceso judicial como una “donación al banco” por el remanente de la deuda y deje de tributar como ganancia patrimonial.

 

          Que se libere a los deudores hipotecarios, que pierden su primera y única vivienda, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvalía Municipal).

 

          Que la Justicia sea gratuita para los afectados por los procesos de Ejecución Hipotecaria en los que está en juego la vivienda habitual.

 

          Que se firme un convenio entre la Junta de Castilla y León y los Notarios y Registradores de la Propiedad para que no recaiga sobre los afectados por las Hipotecas por compra de primera vivienda, los gastos de todo tipo necesarios para formalizar las daciones en pago sea cual sea su forma.

 

          Que la Junta cree los cauces adecuados para la participación efectiva e informada de las organizaciones sociales y de las personas afectadas en las políticas públicas de vivienda.

 

          Archivar todas las denuncias y acusaciones derivadas de la lucha contra los desahucios y anular las sanciones administrativas y penales que se hayan podido dictar por la exigencia a que se cumpla el derecho a la vivienda.

 

          La Junta de Castilla y León ha de comprometerse en la depuración y exigencia de responsabilidades, a todos los niveles que pudieran derivarse, de todos los causantes y sus cómplices de las estafas inmobiliarias, investigando todos los indicios de irregularidades y malas praxis en la concesión de hipotecas por parte de las entidades financieras.

 

 

Asamblea de Plataformas de Afectados por la Hipoteca y grupos Stop Desahucios de Castilla y León.

DocMínimosCyL

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AVISO URGENTE: Alegación de cláusulas abusivas. Jueves 13, 11:00h. Puerta de los juzgados.

El 16 de Junio es la fecha límite según Real Decreto para alegar cláusulas abusivas para paralizar una ejecución hipotecaria en los juzgados.

diversas PAHs y Stop Desahucios de Castilla y León emplazamos a las familias afectadas para rellenar el formulario de alegaciones y entregarlo en el juzgado correspondiente.

  • En Valladolid será en la puerta de los juzgados de Nicolas Salmerón el Jueves 13 a las 11:00h.
  • Stop Desahucios de Bierzo-Laciana convoca el mismo día a la misma hora en los juzgados de Ponferrada, Astorga y Villablino.
  • PAH Palencia se acoge al artículo 11 de la ley de enjuiciamiento civil por el que las asociaciones de consumidores pueden defender en juicio los derechos de consumidores y usuarios y proponen dos textos para la nulidad de la ejecución hipotecaria: Oposición Hipoteca Consumidores y Oposición Hipoteca Consumidores Clausulas Abusivas. Presentarán los escritos el lunes 17 de junio a las 11:30h en la puerta de los juzgados de Menendez Pelayo 2.

Cualquiera contrato hipotecario con una entidad bancaria esta muy probablemente afectado por una cláusula abusiva como la “cláusula suelo” entre otras.

Acude si eres persona afectada para entregar el tuyo y si no lo eres, ven a solidarizarte con las víctimas de abusos bancarios.

Adjuntamos el texto que ha elaborado la asesoría de Valladolid para su presentación al juez: clausulas abusivas 2

Y este es el enlace al “kit de emergencia” elaborado por la PAH: Kit de emergencia

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