Archivo de la categoría: crónicas

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¡Pues si! ¡Parece increíble, pero nuestro excelentísimo señor alcalde, Francisco Javier León de la Riva, lo ha vuelto a hacer! Hoy el Tribunal Superior de Justicia ha invalidado gran parte de la llamada Ordenanza Antivandálica (por segunda o tercera vez, ya ni lo sabemos), administrando el enésimo revolcón a la corporación municipal. Como, a pesar de la que está cayendo, mantenemos nuestro espíritu de servicio público, somos un poco masoquistas y además, que narices, que no se diga que Fachadolid es un nombre puesto sin razón alguna, hemos decidido compilar el Top 5 de las cagadas normativas (con perdón, somos un poco de pueblo) del alcalde de Valladolid. Ojocuidao: nos ha llevado un ratón, visto el historial de nuestro Primer Munícipe, y además -generosas que somos- hemos decidido omitir la doble imputación por diversos casos de corrupción urbanística que este fúlgido exponente de la política mesetaria luce con orgullo. Dos imputaciones ¡y no es un alcalde del recalificable Levante español, no! ¡Que el hombre destroza administra una ciudad a la que nadie en su sano juicio calificaría como amable, atrayente o prometedora! ¡Si nuestra tasa de emigración juvenil es superior a la de Senegal!

Así las cosas, disfruten de este exquisito muestrario del despropósito municipal. Y compadezcan a los que damos guerra desde aquí. Que esto es un sacerdocio, más que otra cosa:

5) La huelga “ilegal” de AUVASA

La situación: La plantilla de la compañía local de buses urbanos (en manos del Ayuntamiento) se va a la huelga ante el endurecimiento de las condiciones laborales: menor salario y mayor carga de trabajo. El motivo, como no, la crisis que todo lo justifica.

La reacción del alcalde: ¡Que vienen los rojos! ¡Una huelga en mi ciudad! ¡Eso SI QUE NO!. Demonización de los huelguistas. Denuncia por “huelga ilegal” en el juzgado de guardia, que la admite a trámite y 35 días después la declara ilegal (ah, estos jueces locales, siempre atentos a quienes de verdad importan, siempre al quite del detalle). La huelga se desconvoca y júbilo municipal: se han preservado las bases de la civilización.

Conductor de autobús urbano tras ejercer su derecho a huelga. Que no se diga.

Las consecuencias: Pues que los sindicatos apelan al Tribunal Superior de Justicia y este dice que no, que el derecho a huelga es constitucional, que la convocatoria fue proporcionada y que la intención era legítima. Anula la actuación en primera instancia, impone costas al Ayuntamiento y aquí no ha pasado nada. Bueno, no. El alcalde reacciona con mesura, amenazando con privatizar el servicio público de transportes porque, fíjense que cosas, los autobuses no dan beneficios ni nada. ¡Así no se puede colocar a nadie en el consejo de AUVASA! ¡Si queréis transporte público, no basta con pagar impuestos! ¡Y si no os gusta, pues ya sabéis: id en taxi, que para eso están!

4) Aparcamientos varios:

La situación: Hay que respetar el derecho fundamental que nos asiste como Españoles de ir en coche hasta a por el pan y aparcarlo a ser posible en la puerta de casa. Que eso de ir en bus es cosa de pobres (y en bici, de ecologistas con aviesas intenciones).

La reacción del alcalde: horadar la ciudad, literalmente, a base de párkings subterráneos. Omitir esos detalles tan molestos como las evaluaciones de impacto ambiental o la protección del patrimonio arqueológico. Confiar las obras a gente de confianza, que estas cosas siempre es mejor que queden en casa.

¡Una torre románica del XII! ¡Pongamos un párking subterráneo a un metro de los cimientos! ¡A ver qué pasa!

Las consecuencias: Alegaciones (que son despreciadas), impugnaciones (que son apartadas) y denuncias por lo penal. El TSJCyL decide parar el párking de La Antigua planeado a dos metros de la torre de la iglesia más característica de la ciudad, en pleno centro histórico, habida cuenta de que las excavaciones preliminares encontraron restos arqueológicos para parar un tren. Asimismo, dictamina que el ya construido y en funcionamiento aparcamiento de Portugalete (a cien metros del anterior) es ilegal y el tráfico supera con mucho el flujo permitido, pero como rellenarlo es impensable, se impone multa -que apoquinamos entre todos, por supuesto-  y aquí no ha pasado nada. Ah, España, siempre amable con los emprendedores de la construcción.

3) Las modificaciones urbanísticas

La situación: Que solo tenemos 36.000 viviendas vacías. Que las grandes constructoras querían consolidar nuestro modelo de desarrollo a base de duplicar el parque inmobiliario. Que en esas grandes constructoras había algún conocido que otro, y oye, otra cosa no será, pero aquí se trata bien a los colegas.

Emprendiendo en Valladolid: el nuevo Plan Parcial nos saca fijo de la crisis.

La reacción del alcalde: ¡Emprender e innovar en la legislación urbanística! Se cambia todo lo imaginable: modificaciones de áreas homogéneas, recalificaciones en masa, alteración de sistemas generales, reinterpretación de ordenanzas…literalmente todos y cada uno de los aspectos urbanísticos de la ciudad son forzados hasta límites realmente difíciles de imaginar. Y en el proceso, la corporación municipal se pasa las leyes por donde amargan los pepinos, llegando a episodios surreales como la alteración con nocturnidad del PGOU, episodio en el que está involucrado el propio alcalde.

Las consecuencias: un rosario de sentencias condenatorias por parte, de nuevo, del TSJCyL, invalidando planes, enmendando proyectos y tirando de las orejas a diestro y siniestro. Los zascas son tan continuados que, amén de provocar la admiración popular, desencadenan una profunda reflexión de nuestro Primer Ciudadano: “los jueces no deberían opinar de temas urbanísticos”. Ahí, con sus dos cojones. ¿Separación de poderes? ¿Montesquieu? ¡Por dios, que esto es Valladolid y él es León de la Riva!

2) La ordenanza municipal

La situación: A pesar de los mejores esfuerzos del PP local por imponer el orden y la ley entre las masas levantiscas, resulta que todavía hay focos de desafección hacia el orden establecido: perroflautas que te montan una acampada, hippies que reivindican el uso de la bicicleta, rojos que se manifiestan con megáfonos, invertidos que hacen teatro, música y cosas así como poco viriles (¡una buena capea! ¡unas procesiones como dios manda! ¡eso si que es vallisoletano! ¡con fácil que es entenderlo!). Por no hablar de los  abueletes que se quitan la camiseta en un parque para no sucumbir a los 40 grados del verano local o esa gente que osa bajar a tomar el sol a nuestra improbable playa fluvial ¡y se atreven a hacerlo en bañador! ¡Enseñando las piernas! ¡Sodoma y Gomorra!.

Además, fíjense que cosas, ¡no todo el mundo tiene un enchufe clamoroso imprescindible puesto de confianza en el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta (y fundaciones adyacentes): en Valladolid hay pobres. 20.000, para ser más exactos. Y algunos mendigan. A la salida de misa. Y qué molesto es salir del Templo para tomarse las tapas del domingo en la zona de Coca y toparse con un desaharrapado que te pide veinte céntimos mientras mira con izquierdista resentimiento las múltiples banderitas de España que todo buen ciudadano porta indefectiblemente en esta nuestra ciudad, y en los lugares más insospechados.

Les juramos que esto se ve MUCHO por nuestra ciudad.

La reacción del alcalde: Prohibir todo lo anterior, y mucho más, mediante una Ordenanza Antivandálica tan moralista, paleta y profundamente liberticida que parece escrita a cuatro manos por Goebbels y Beria en uno de sus días malos. En ella se conculcan los derechos de manifestación, reunión y libre expresión con una prodigalidad realmente pasmosa. Se multa a los mendigos, a los que reparten folletos, a quienes peguen carteles, a los que hagan nudismo. Nudismo. En una ciudad que vivió su último desnudo público en el Neolítico Inferior. En fin, un auténtico despropósito que desde el principio generó una polémica de nivel desconocido en la ciudad.

Las consecuencias: ¡Adivinaron! El TSJCyL tiró la primera versión aprobada. El Ayuntamiento le cambió el nombre, incluyó algún detallito más y volvió a presentarla. Y ayer, el TSJ ha vuelto a invalidar gran parte de la normativa, recordando de paso a la corporación que hay una cosa por ahí que se llama Constitución y que, aunque ya no lo parezca, contiene algunos derechos fundamentales que no pueden ser reinterpretados, ni siquiera en Valladolid.

1) El ático del alcalde

Vale, somos unas mentirosas. Les habíamos prometido no hacer demagogia con esas imputaciones a don Francisco León de la Riva, pero es que es TAN BUENO que no podemos resistir la tentación. ¡Lo hacemos por ustedes! ¡No nos juzguen! ¡Que somos producto de la LOGSE!

La situación: Nuestro Alcalde no es solamente Alcalde. Que va. Eso sería desaprovechar un caudal de talento. Además ha sido vicepresidente de Caja España-Duero, entidad que se ha visto enormemente beneficiada con la gestión conjunta de un selecto grupo de prohombres que para qué les vamos a contar. Y el Alcalde es, ante todo, persona. Una persona que quería un ático en un edificio emblemático de la ciudad que pertenecía, oh casualidad, a Caja Duero. ¡Que mala suerte! ¡Justamente tenía que ser el modesto pisito que le apetecía el que estuviese en manos de la entidad que administraba!

La reacción del alcalde: Pero no se preocupen Ustedes. Nuestro Alcalde no cede ante las convenciones sociales: le compra el ático a Caja Duero (recuerden: el tipo es vicepresidente de la entidad), con una hipoteca concedida por la propia Caja Duero (si, si, sigan recordando: es vicepresidente de la propia caja). Firma el contrato el lunes. Y el viernes anterior, el Pleno del Ayuntamiento había modificado casualmente el PGOU para permitir un aumento de la edificabilidad del ático, añadiendo unas decenitas de metros a base de cargarse elementos protegidos. ¡Que en Valladolid hace frío y una buena terraza es un derecho irrenunciable! La modificación la firma el propio Alcalde que, oh casualidad, sigue siendo vicepresidente de Caja Duero y además es propietario del ático en cuestión. ¡No nos digan que no es para mojar pan.!

 Las consecuencias: Por supuesto. Denuncia y resolución del TSJCyL declarando ilegal la modificación del PGOU, la ampliación del ático e imputando al propio alcalde. Los jueces, que son muy malos, ordenan además devolver el edificio a su estado original, obras que el alcalde no emprende hasta que el tribunal amenaza, literalmente, con meterle en la cárcel. Y cuando dichas reformas tienen lugar, no se crean Ustedes que las cubre el Alcalde-Vicepresidente de su bolsillo, no. Somos las vallisoletanas y los vallisoletanos, siempre solidarios, los que apoquinamos el importe de las obras, las costas judiciales y las multas pertinentes. ¡Y si luego hay que cerrar la escuela municipal de música o las bibliotecas, pues se hace! ¡Que para eso estamos los súbditos, faltaría más!

¿Don Vito Corleone? ¡Un aficionado en comparación con lo que se sufre a orillas del Pisuerga!